Compromiso progresista con la Política Internacional

COMPROMISO PROGRESISTA POR UNA ARGENTINA ACTIVA Y PLENAMENTE INTEGRADA AL MUNDO

La Argentina es hoy un país aislado, ignorado y sin credibilidad. “Vivir con lo nuestro” atrasa, ya no es viable. No hay posibilidad de desarrollo nacional si nos mantenemos aislados. La actuación de Cristina Kirchner en los foros internacionales afecta nuestra credibilidad. Algunos mantienen lazos diplomáticos para hacer negocios (Venezuela, China, Rusia e Irán) mientras que el resto no nos toma en serio y nos ignora. Hoy ni siquiera Brasil y Uruguay confían en nosotros.

Nuestro país precisa recuperar una política exterior activa, creíble y diversificada para superar nuestro atraso estructural, mejorar nuestra calidad institucional, desarrollar nuestras economías regionales y lograr un crecimiento económico sostenido y sustentable.

El pacto con los sospechosos del peor atentado sufrido por nuestro país, que es el memorando de entendimiento con Irán, es una cachetada a la búsqueda de verdad y justicia para los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, al sentido común y envió un mensaje al mundo que el gobierno argentino abandonaba la presión sobre Irán. El supuesto avance de la causa vía la indagatoria es falso porque al violar cuestiones básicas reguladas por nuestro Código Procesal Penal no puede tener ninguna validez para la justicia argentina.

El acuerdo con China, cuya bandera ya flamea en la Patagonia, genera desconfianza en nuestros socios tecnológicos. En los últimos cuatro años se ha profundizado este aislamiento que ya repercute sobre muchas de nuestras industrias ávidas de insumos tecnológicos claves para sus procesos productivos.

Este aislamiento se potencia por una política económica que limita el acceso a insumos necesarios para nuestra cadena de valor. El manejo arbitrario de la política de cambios, la manipulación del precio de las divisas y las estadísticas atentan contra nuestras posibilidades de desarrollo.

El aislamiento internacional avanzó incluso en el campo de los derechos humanos. En el 2002, la Argentina tenía solo dos casos ante la Corte Interamericana de Justicia. Hoy, tiene 17 casos contenciosos. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2002 la Argentina tenía menos de 70 casos, menos de la mitad en estado de admisibilidad. Hoy son 249 en trámite, de los cuales 204 en admisibilidad.

Rescatar al país de semejante retroceso llevará muchos años. Esto solo podrá lograrse cuando recuperemos al estado como un socio confiable e interlocutor válido frente al mundo, en base a políticas consistentes y duraderas implementadas por una estructura profesional idónea y eficaz.

Estos serán nuestros principales objetivos:

La política internacional al servicio del desarrollo diversificado. Nuestra política internacional tomará como base el interés nacional y el bien común del pueblo argentino. A partir del vínculo entre política interna y exterior, identificaremos las oportunidades del contexto internacional para superar los cuellos de botella estructurales, mejorar nuestra calidad institucional, desarrollar las economías regionales y contribuir al crecimiento económico sostenido y sustentable. La Argentina volverá a ser una nación creíble y confiable en el mundo a partir de una política internacional estable en el tiempo, que no se modifique con cada gobierno ni sea utilizada para rédito partidario alguno.

Paz, seguridad internacional y respeto a los derechos humanos serán nuestras banderas soberanas. Colocaremos a la Argentina entre las naciones comprometidas con la paz y la seguridad internacional, la lucha contra el terrorismo internacional, con la defensa de los derechos humanos y la promoción del multilateralismo en todas sus dimensiones. La identidad nacional, la soberanía, los intereses de la Nación y la vocación emancipadora del pueblo se manifestarán en nuestra estrategia de inserción en el resto del mundo y la forma en que se establecen vínculos bilaterales y multilaterales, su adhesión a los convenios y tratados de derechos humanos y su implementación de los mismos hacia el interior de nuestras fronteras.

Buscaremos aliados con intereses comunes para ganar fuerza y autonomía. Diversificaremos nuestra política para no depender de unos pocos aliados e incrementar nuestra autonomía frente a las grandes potencias. Nos reuniremos con quienes tienen necesidades e intereses comunes a fin de aumentar el peso de nuestra capacidad de decisión nacional en un mundo cada vez más asimétrico.
Revitalizaremos al Mercosur. Priorizaremos al Mercosur y sus estados asociados, con acuerdos institucionales, económicos, financieros, comerciales y para el desarrollo de infraestructura con alcance regional, así como también en los planos científico, tecnológico, educativo, cultural y político. Mostraremos al mundo un espacio integrado no sólo por una retórica, sino por sus vínculos comerciales y económicos y por sus consensos políticos fijando objetivos y estrategias comunes.

Tomaremos lo mejor del proceso de globalización sin claudicaciones. Aprovecharemos las oportunidades de la globalización a la vez que prevendremos sus riesgos derivados de un sistema financiero mundial especulador desvinculado de la producción, con volatilidad y crisis recurrentes. Lucharemos contra las políticas de subordinación del país a la especulación internacional y no depositaremos nuestro futuro en manos ajenas. A su vez, aprovecharemos las ventajas para mejorar nuestra capacidad productiva, facilitar el comercio internacional de bienes y servicios y promover las inversiones hacia nuestro país. Aprovecharemos los instrumentos nacionales e internacionales que existen para que nuestras pequeñas y medianas empresas abran al mundo y expandan sus negocios.

Asegurar la defensa de nuestros recursos, nuestra soberanía y los derechos humanos. A partir de una doctrina militar defensiva, definiremos una política de estado sobre el rol de las Fuerzas Armadas fijando sus misiones, presupuestos y organización. Trabajaremos para evitar la reproducción de la situación actual, caracterizada por la existencia de un vasto territorio desprotegido en un mundo donde aumentan las presiones sobre alimentos, agua dulce y espacios marítimos, petróleo y gas.

En los primeros 100 días de nuestro gobierno nos comprometemos a:

• Convocar a los candidatos presidenciales y a las principales fuerzas políticas del país para acordar una política de estado en materia internacional y hacer conocer al mundo que existe una Argentina con instituciones confiables y seguridad jurídica.
• Derogar el Memorando de Entendimiento con la República Islámica de Irán sobre la causa del atentado terrorista a la AMIA y plantear la cuestión AMIA como un acto de agresión del estado iraní ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en consonancia con la Resolución 3314 de 1974 de la Asamblea General. Abandonaremos la estrategia de pactar con los sospechosos y con quienes violan los compromisos internacionales en cualquiera de sus variantes. Recuperaremos una política de estado de presión sobre Irán en los foros internacionales y en las relaciones bilaterales para aumentar sus costos de no cooperar con la justicia argentina y con las decisiones adoptadas por la conferencia de las partes de INTERPOL.
• Prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Se modificarán distintas normas del Código Penal y de la Ley 25.246, destinada a prevenir y reprimir el lavado de dinero. El objetivo es tipificar el delito de financiamiento de las actividades terroristas y adecuar la normativa interna, de acuerdo a lo exigido por los organismos internacionales como la ONU, la OEA y el grupo de Acción Financiera Internacional de América del Sur, ampliando el marco de desenvolvimiento y facultades de las Unidades de Información Financiera.
• Revisar la ejecución de los acuerdos con la República Popular China para dar mayor participación a empresas argentinas con capacidad técnica en la realización de centrales nucleares y represas. Junto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, diseñaremos un programa para garantizar el total acceso y la investigación conjunta en la estación espacial en la provincia de Neuquén. En caso de rechazo de esta propuesta, denunciaremos el acuerdo.
• Devolver al Congreso de la Nación su rol sobre el pago de la deuda interior y exterior de Nación, garantizando una política de deuda pública soberana, responsable y compatible con las posibilidades de desarrollo nacional.
• Mostrar un firme compromiso en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. Para ello impulsaremos una política activa a nivel presidencial en los foros internacionales en materia de transparencia. Comunicaremos al mundo la derogación de la ley de blanqueo, la suspensión del secreto fiscal para quienes hayan participado de estas acciones y haremos que la Unidad de Información Financiera deje de ser una tapadera para los socios corruptos del gobierno de turno.
• Aumentar la participación nacional en los organismos de monitoreo e investigación de las cuestiones de derechos humanos. En particular, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos casos deberán ser atendidos y asumidos por los funcionarios especializados del Servicio Exterior de la Nación en todos sus aspectos, y los informes periódicos al Comité contra la Tortura y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que se adeudan.
• Reconstruir una diplomacia profesional y moderna que sepa interactuar no solo a nivel intergubernamental sino también con los diferentes sectores de la sociedad. Reduciremos al mínimo los nombramientos de embajadores políticos en el exterior y se eliminarán los nombramientos en el país de los contratos a los cuales les dan el rango de diplomáticos y posiciones en la estructura de la Cancillería. Reforzaremos las capacidades del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, como única forma de acceso al plantel profesional diplomático de la Cancillería, aumentando las exigencias de ingreso y adecuando la calidad del curso de formación.

A mediano plazo, nos comprometemos a:

• Mantener la defensa pacífica de nuestra soberanía territorial para la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y por la preservación de los espacios marítimos y antárticos en forma consistente con el aún pendiente desarrollo económico integrado y sustentable de la región patagónica y de su plataforma continental. Iniciaremos las acciones diplomáticas para el tratamiento de la cuestión Malvinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas y profundizaremos una diplomacia pacífica, sostenida y de largo plazo para alcanzar su recuperación definitiva.
• Garantizar el derecho a la verdad, justicia y REPARACIÓN de las víctimas y sus familiares del atentado a la AMIA. Garantizar que se lleve a cabo el juicio oral y público sobre el encubrimiento de la investigación del atentado a más tardar durante el segundo semestre de 2015, de acuerdo a la recomendación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Poder Ejecutivo se comprometerá a la cooperación en todos los aspectos que se encuentren a su alcance y en la medida del requerimiento que a esos fines formule el Poder Judicial.
• Convocar a nuestros socios a refundar la unidad sudamericana mediante un Acuerdo Político y Social del Mercosur. Las decisiones fundamentales del bloque serán tomadas conjuntamente. Propondremos la creación de una instancia superior al Consejo del Mercado Común, integrada por presidentes y cancilleres, para dar orientación política común a la integración, fijando las grandes estrategias en los ámbitos más relevantes, y de toma de decisión al más alto nivel para la resolución de los conflictos internacionales y subregionales. Propondremos acuerdos culturales, educativos, tecnológicos y científicos. Reafirmamos nuestro compromiso con la Unión Sudamericana de Naciones y con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
• Impulsar un plan estratégico conjunto con Brasil. Avanzaremos en una agenda política y productiva con nuestro principal socio. Garantizaremos una relación simétrica y de no complementariedad para evitar que se afiance un vínculo “centro-periferia”, en el que un país concentre las actividades industriales y el otro abastezca materias primas. El mismo criterio emplearemos con los restantes países limítrofes.
• Llevar adelante una estrategia de cooperación Sur-Sur con países con intereses y necesidades comunes para fortalecer el multilateralismo frente a las pretensiones de las grandes potencias y para promocionar la defensa de la paz, la seguridad internacional y los derechos humanos. Promoveremos un acuerdo entre el Banco del Sur, la Corporación Andina de Fomento y el Nuevo Banco de Desarrollo creado por los BRICS para fortalecer una red de seguridad financiera entre los países en vías desarrollo y apoyar las iniciativas para una nueva arquitectura financiera internacional. A la vez, en el contexto de una política exterior diversificada, las relaciones con los países de la OCDE y con sus instituciones serán analizadas en función de los marcos de alianzas políticas y de acuerdos económicos, comerciales, financieros y tecnológicos que resulten útiles a nuestra estructura productiva.
• Convocar un amplio debate parlamentario, abierto a la participación de sectores políticos y sociales, para definir las nuevas misiones de unas Fuerzas Armadas consustanciadas con el respeto de los derechos humanos y sin intervención en tareas de seguridad interior. Revisaremos las actividades de espionaje militar de la última década. Facilitaremos el camino para el desarrollo de unas Fuerzas Armadas sin grandes estructuras y con capacidad disuasiva. Nos comprometemos a que cualquier participación de nuestras Fuerzas Armadas dependa de las aprobaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de los mecanismos de consulta con nuestros socios del Mercosur y sus estados asociados.
• Asegurar el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los tribunales argentinos con relación a toda persona sospechosa de haber cometido un crimen de derecho internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada u homicidio extrajudicial) que sea hallada en cualquier territorio sometido a la jurisdicción del estado argentino. Garantizar la ratificación e implementación de todos los tratados, pactos y convenciones de derechos humanos que han sido suscriptos por la Argentina, y los mecanismos de cooperación y financiamiento necesarios para facilitar la ejecución de sus normas, en el cumplimiento de los compromisos contraídos. Promover un enfoque integral de derechos humanos en el proceso de negociación de la Agenda Post 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable y garantizar un efectivo sistema de monitoreo y rendición de cuentas de los progresos realizados.

Fuente: http://margaritastolbizer.com.ar/