La Argentina es un país en el que las ciudades y la población urbana crecen de manera constante. Los últimos tres censos nacionales muestran un incremento de la población urbana del 87,2% (1991), al 89,4% (2001) y del 91% (2010). Sin embargo, nuestras ciudades no son para la mayoría lo que deberían ser. La promesa de un sitio con más oportunidades es una ilusión lejana para muchos.
La situación de emergencia por la que atraviesa más de la mitad de los vecinos no es, ni puede ser entendida como un problema técnico o económico. Es esencialmente un problema ético; porque la pobreza, la escasez, no se explica sino a partir de la desigualdad. Y la desigualdad en materia de bienes básicos tan preciados no se debe a un efecto colateral del mercado sino el resultado de decisiones políticas.
Nuestras ciudades son cada vez más la expresión de la desigualdad, de la fragmentación y de los contrastes; allí encontramos significativa riqueza junto a gran pobreza. La proximidad espacial es a la vez lejanía social; y esto incide en el comportamiento de los diferentes grupos. Uno de sus efectos más notables es la inseguridad y la respuesta más común (pero no la más conveniente) es la reclusión en ghettos: el barrio cerrado o la villa.
El Estado debe ejercer las acciones para equilibrar esta situación. Pero debe ser un Estado fuerte e inteligente, que fortalezca, oriente e impulse el desarrollo local hacia una mejor integración espacial y social.
La planificación, participación y el financiamiento de las ciudades son tres aspectos claves de una política de estado que debe ser implementada en atención a cuatro finalidades éticas: reducir la pobreza, reducir las desigualdades, fortalecer la ciudadanía y fortalecer la democracia.
Un aspecto central debe ser la producción de suelo urbano –lotes con servicios e infraestructura– favoreciendo el acceso de la población al mismo. Es difícil de creer que en un país con tanta tierra disponible, las posibilidades de tener un pequeño terreno sean imposibles para muchos. Sin embargo, en los últimos veinte años se han concedido tantas autorizaciones para transformar campos en barrios que solo en la región metropolitana ya supera los 400 km2, es decir, el doble que la Capital Federal pero para albergar un pequeño porcentaje de población.
Los Progresistas no especulamos con la posibilidad de hacer negocios inmobiliarios, lo que nos interesa es construir viviendas y mejorar la calidad de nuestras ciudades. Por lo tanto, cualquier emprendimiento de estas características debe observar la disposición de vivienda social, espacios públicos y promoción al acceso a la propiedad por parte de los grupos de población más vulnerables y a la juventud.
La situación no es sencilla; frente al gran desafío que implica poner en marcha una política urbana que produzca suelo y accesibilidad, está también el enorme desafío de responder a múltiples situaciones de carencia de servicios e infraestructura.
Durante los primeros 100 días de gestión nos comprometemos a:
- Facilitar el acceso de la población al suelo urbanizado y a la vivienda, reconociendo las diferentes situaciones socio-económicas de las familias, con especial consideración a las distintas situaciones de edad, género y capacidades. El hábitat digno implica el acceso universal a la tierra, la vivienda y a las infraestructuras básicas y los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad y de la preservación del ambiente, según las particularidades del medio urbano y del rural.
- Incluir a las organizaciones locales en el diseño de las políticas de urbanización. Articular con las provincias y municipios la producción de lotes con servicios. Promover mejoras y ampliación de viviendas, construcción de nuevas unidades y el rescate de edificios patrimoniales con destino social. Planificaremos centralmente la política habitacional pero con una decidida y eficaz descentralización a la hora de la ejecución de los planes.
- Garantizar el mandato constitucional del Derecho a la Vivienda comprometiendo recursos estatales y dando cumplimiento a los acuerdos internacionales, en especial al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Impulsaremos como política de estado la suscripción al Derecho a la Ciudad, promoviendo el debate en todas las esferas del gobierno y muy especialmente en el ámbito Legislativo.
- Promover el desarrollo estratégico de las ciudades. Para ello destinaremos recursos públicos como suelo, construcciones e inversiones. Este esfuerzo se hará en lugares estratégicos de cada ciudad, articulando con los gobiernos provinciales y municipales, y ampliando la participación a las universidades y organizaciones de la sociedad civil.
- Fomentar el conocimiento y la innovación en política de desarrollo local implementando métodos de planificación urbana que adapten tecnología y reconozcan el aporte de los centros de investigación y universidades.
En los primeros 100 días nos comprometemos a:
- Disponer el uso de tierras estatales para fines de urbanización con sentido social.
Pondremos a disposición tierras del estado nacional ubicadas en las ciudades para proyectar áreas de desarrollo urbano estratégico; tierras ociosas del Ferrocarril, de las Fuerzas Armadas y de muchas otras reparticiones que bien pueden involucrarse en el crecimiento de la ciudad. Construir en ellas equipamientos comunitarios y viviendas para diferentes segmentos de la población apuntando a la integración social. Crear espacios públicos, edificios administrativos, escuelas, bibliotecas, campos de deporte y zonas comerciales. Estos proyectos constructivos serán articulados con los gobiernos locales de acuerdo a su complejidad contemplando la realización de concursos públicos. - Estatizar el Banco Hipotecario para transformarlo en una institución socialmente eficaz.
Transformaremos al banco en una herramienta esencial para el desarrollo de las políticas de vivienda. Se redefinirá su rol fortaleciendo su fin social, ampliándolo y convirtiéndolo en socio primario de los municipios para obtener suelo con servicios. El banco financiará obras públicas que afirmen el derecho a la ciudad, atendiendo las necesidades del financiamiento para la vivienda y aportando experiencia en la participación del mercado inmobiliario. Vamos a controlar y atenuar la especulación inmobiliaria. - Nueva ley nacional de alquileres
La norma asegurará previsibilidad a la actualización de precios y ampliará el acceso a la vivienda con seguros bancarios. Incluirá una pena sustancial a las propiedades vacías. - Lanzar un Plan Nacional de Ahorro para la vivienda.
Fortaleceremos el Pro.Cre.AR e impulsaremos un Pro.Ahorr.AR, porque en este país se puede ahorrar para comprar una heladera o un auto, pero no una casa. El Pro.Cre.AR debe mantenerse, pero no utilizando recursos de la ANSES sino involucrando a la banca pública y privada en toda su extensión. Mantendremos las compensaciones para reducir intereses según las condiciones sociales de las personas y las zonas de inversión en las ciudades. Para ampliar los sujetos de crédito a partir de seguros sociales, impulsaremos el Pro.Ahorr.AR. Este Programa creará círculos de ahorro con destino a la inversión en construcción de vivienda única y ampliación o refacción de la existente con premios al final del ciclo de ahorro –similares a los subsidios de las tasas de interés– para cubrir el efecto negativo de la inflación. - Crear e impulsar proyectos de inversión para la construcción.
Invertiremos significativamente en proyectos de vivienda nueva, en rescates de edificios históricos destinados a vivienda, en mejoramiento de viviendas existentes, en producción de lotes con servicios, en infraestructuras urbanas básicas, en renovación de villas y re-localización de asentamientos. - Gravar la renta del suelo, en especial cuando no tenga uso.
Impulsaremos una ley nacional de ordenamiento urbano que contemple la captura de plusvalía urbana con destino a fondos municipales aplicados a la renovación y expansión urbana. La especulación inmobiliaria debe ser combatida desde la tierra. La retención sobre la valorización debe ser pautada por ley y convertida en una de las formas de producción del suelo social. - Atender la grave situación que hoy atraviesan los sectores rurales y los pueblos originarios.
Vamos a proteger los derechos de quienes se encuentran amenazados o afectados por el desarrollo de actividades económicas extractivas, la ampliación de la frontera agropecuaria y la concentración de la producción dominada por el monocultivo. Se implementarán políticas especiales que garanticen el pleno goce de sus derechos en relación con la tierra y sus medios de producción de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional.
A mediano plazo, nos comprometemos a:
- Dispondremos de más tierras del estado nacional ubicadas en las ciudades para promover expansiones equilibradas que aporten suelo progresivamente y conserven la identidad de cada núcleo.
- Construiremos 500.000 viviendas nuevas y 1.000.000 de mejoras y ampliaciones sustanciales, con recursos públicos y acciones de fomento, a fin de absorber la demanda creciente y reducir significativamente el déficit actual. Esto se llevará a cabo de forma mixta con la participación de estado y mercado.
- Formularemos y aplicaremos un programa de vivienda para jóvenes y otro de vivienda digna para la tercera edad para sortear las dificultades de acceso al crédito y brindar verdaderas posibilidades de tener una vivienda. Hoy la población de tercera edad no es sujeto de crédito. Esta deuda social requiere respuestas operatorias que involucren desde los familiares hasta las cooperativas.
- Recuperaremos la tendencia de crecimiento de vivienda en propiedad, revirtiendo la situación de la última década que casi duplicó la cantidad de inquilinos y muestra la expulsión del acceso a la vivienda de una importante cantidad de población.
- Proveeremos abundante suelo con servicios para los sectores más humildes, y urbanizaremos prioritariamente las villas y asentamientos, reduciendo así la situación de precariedad de millones de argentinos.
