Hay una deuda social importante con la mayoría de los jubilados quienes perciben haberes que no guardan relación con sus necesidades. El actual sistema es inequitativo, complejizado por una sucesión de reformas parciales, atrasado y poco transparente.
A raíz de haberse congelado las jubilaciones por varios años y los errores que voluntariamente se incurren en el cálculo de la liquidación de la jubilación inicial, el ANSES enfrenta miles de demandas y no satisface en tiempo y forma las sentencias en firme.Esta dinámica acarrea nuevas distorsiones y atrasos que originan constantes reclamos administrativos y judiciales de los beneficiarios.
El Régimen Previsional, que se fue modificando en el tiempo, presenta más de 900 normas que modifican, complementan, reglamentan e interpretan, tanto el Régimen Previsional como las demás ramas de la Protección Social, lo que implica un laberinto legislativo a replantear en su conjunto.
Los regímenes vigentes mantienen diseños que no se han adaptado a la situación del mercado de trabajo, a los cambios en la sociedad y menos aún a la composición demográfica del universo. El alto porcentaje de trabajo no registrado representa un fuerte escollo en la búsqueda de sustentabilidad del sistema tanto en lo que hace a la recaudación como que proyecta siempre un incremento de los beneficiarios a los que habrá de garantizarles un ingreso jubilatoria mínimos a través de moratorias especiales o sistemas no contributivos.
La gestión de los recursos a cargo de ANSES no está orientada hacia los afiliados y beneficiarios, ni a buscar mejorar las condiciones de sustentabilidad sino se ha convertido en un instrumento directo de las políticas del gobierno. No existen mecanismos de participación de los propios beneficiarios para propender al mejoramiento de los servicios, con la mayor transparencia. La administración de las reservas del Fondo de Garantía de Sustentabilidadcomo del flujo de fondos se realiza con base en registraciones que entremezclan diferentes fuentes sin identificarlas claramente.
Nos comprometemos a:
- Desarrollar un sistema de seguridad social universal, con alta justicia distributiva, equilibrado y con sostenibilidad en el largo plazo.
- Lograr una reforma a partir de un proceso amplio de búsqueda de consenso. Sus características tienen que comprender los siguientes elementos comunes: la aceptabilidad social;la viabilidad financiera;la factibilidad política; la conciliación con las realidades económicas y del mercado laboral;la gestión y la administración participativa y respetuosa del titular del derecho.
- Fortalecer el régimen público, solidario y obligatorio, coordinando acciones de carácter contributivo con asistenciales con miras a la cobertura universal. Nuestro objetivo es asegurar a todos los mayores de 65 años una jubilación digna, que tome al 82% como referencia.
- Una administración transparente, eficiente e inclusiva de los recursos por parte del ANSES.
- Desarrollar una política que incentiven la pertenencia al sistema junto con el contralor y sanciones a evasores.
Durante los primeros 100 días de gestión nos comprometemos a:
- Bajar el nivel de litigiosidad, en primer lugar liquidando correctamente las nuevas jubilaciones y planteando un plan de pago de todas las sentencias.
- El 82 % del salario de referencia será el criterio para conseguir la redistribución que requiere un régimen de prestaciones solidario; creciente para los beneficiarios de menores ingresos.
- Reponer la contribución patronal que se fueron eliminando en los últimos años. Será al nivel previsto en la reforma de 1993/94 del 16%, teniendo en cuenta el tipo y tamaño de empresa y no utilizar la rebaja de los aportes patronales como medidas de incentivo fiscal.
- Eliminar la detracción en la coparticipación federal del 15% a las Provincias debido a que fueran superados los motivos que dieron origen a esta medida.
- Dotar de autonomía al órgano responsable de administrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con una composición para su dirección donde estén representados los intereses de los beneficiarios y de los sectores responsables de la economía nacional.
- Revisar las normas que organizan la estructura y funcionamiento de ANSES con el fin de lograr que las definiciones referidas a su gerenciamiento contengan los intereses de afiliados y beneficiarios y a la vez respondan a las políticas nacionales.
- Incrementar la transparencia en la registración de las operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, separándolos adecuadamente, conforme el destino previsto para los fondos.
- Controlar rigurosamente la necesaria transferencia de los impuestos afectados al sistema por parte de los organismos competentes.
- La totalización y cómputo recíproco de todos los servicios prestados en regímenes nacionales, provinciales y municipales, modernizando los regímenes vigentes es de suma urgencia.
A mediano plazo nos comprometemos a una reforma integral del sistema de previsión social:
- Propondremos un esquema de prestaciones de dos escalones: una prestación ciudadana universal para todos los ciudadanos que alcancen la edad de jubilación con financiamiento del Tesoro y otra que se otorgue con la lógica del sistema de reparto y con pagos proporcionales según la cantidad de aportes hechos.El desarrollo de componentes asistenciales integrados al sistema contributivo será indispensable para concretar la inclusión de quienes tienen muy poca o nula “entrada en la formalidad” y por lo tanto baja cantidad de servicios acumulados. El asalariado estable, el trabajador pobre, el precario, el intermitente, el asalariado a tiempo parcial y el desocupado, son particularidades del contemporáneo mercado laboral que incluso pueden ocurrirle a un individuo en el transcurso de su historia vivida.
- Por ello se deberá procurar una protección que asentada en un instrumento o coordinación de instrumentos aloje las mencionadas particulares ofreciendo una cobertura adecuada a esa complejidad. El sistema se orientará hacia diseños de mayor adaptabilidad a las características del mercado de trabajo vigente –sumamente dinámico- ofreciendo alternativas para completar las exigencias del mismo. La apertura de alternativas garantizará el acceso a programas que tengan como meta completar los años de servicio que deben computarse para obtener el derecho a prestaciones plenas del régimen contributivo, sean desde el otorgamiento de facilidades de pago hasta subsidios para satisfacer períodos especiales.
- Reformaremos la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad hacia criterios de transparencia, publicidad, demostrando en forma permanente el cumplimiento de los objetivos de adecuado rendimiento, fines sociales e impacto positivo en la economía.
- La definición de una administración participativa se concretará a través de cambios profundos en la estructura de los organismos de gestión que como mínimo tienen que definir sus estrategias, su planificación y definiciones sobre el uso de recursos humanos, informáticos y financieros con un cuerpo donde estén representados todos los interesados.
- Una adecuación de la cantidad de años que se consideran para determinar el salario de referencia a las características del mercado de trabajo considerando que los últimos 10 años no son, en número creciente debido a las transformaciones de las modalidades contemporáneas del trabajo, los de mejores ingresos. Se deberá considerar en forma progresiva la totalidad de la carrera porque de esta manera se captará la flexibilidad y transitoriedad de la actual situación de la ocupación.
- Se revisarán las normas sobre movilidad, condicionándolas a la debida función de la prestación y al adecuado equilibrio y no a eventuales ingresos al sistema, con el objeto que mantengan el poder adquisitivo de las prestaciones y que permitan lograr la participación de los beneficiarios en el crecimiento de la economía.
