Durante esta "larga década", el modelo productivo argentino se basó principalmente en la extracción de recursos naturales, aprovechando los altos precios internacionales. Este modelo extractivista fue simbolizado por la fenomenal expansión de la frontera sojera, la megaminería a cielo abierto y, recientemente, los hidrocarburos no convencionales. Además de la dependencia que genera de los precios internacionales, este modelo de desarrollo amenaza a las poblaciones aledañas, profundizando conflictos socio-ambientales. Vamos a fortalecer la presencia del estado para mejorar la planificación y los controles y para garantizar la participación ciudadana.
-Consensuar con las autoridades de aplicación provinciales la realización de evaluaciones de impacto ambiental estratégico, en especial en los casos referidos a proyectos de explotación minera e hidrocarburífera, obteniendo de esta manera un análisis más exhaustivo de la situación ambiental en las zonas y los potenciales impactos agregados.
-Promover instancias de participación ciudadana multisectorial, multidisciplinarias y multinivel en los procesos de toma de decisión, adicionales y complementarios a aquellos que ya dictan las leyes vigentes como la Ley General del Ambiente y el Convenio 169 de la OIT. La complejidad y multidimensionalidad de los temas ambientales requieren miradas integrales, que no pueden reducirse a un sólo sector, al tiempo que se generan decisiones más legítimas y sostenibles y se previene la emergencia de conflictos socio ambientales.
-Sobre los principios de prevención, precautorio y responsabilidad de la política ambiental, impulsar un programa de acción permanente junto con provincias y municipios para asegurar la concreción de dichos principios.
-Fortalecer las capacidades de las Fiscalías especializadas en ambiente, con funcionarios y jueces del Poder Judicial capacitados y con recursos disponibles a los efectos de atender los casos judicializados.
-Intensificar los controles del uso de agroquímicos y sustancias tóxicas en general para toda actividad productiva en función de las mejores prácticas, estándares internacionales y legislación vigente en Argentina. Impulsar investigaciones sobre el impacto en la salud y el ambiente del uso de agroquímicos y sustancias tóxicas que permitan mejorar los procesos de toma de decisiones de política pública sobre la aplicación y regulación de estos productos.
-Promover una producción más limpia a través de la gestión ambiental de las empresas con el fin reducir la generación de residuos y contaminación a partir de una utilización más eficiente de las materias primas, el agua y la energía. Asimismo, resulta fundamental desarrollar acciones que atiendan la demanda de un consumo responsable.
-Implementar herramientas de transparencia y acceso a la información ambiental, para mejorar la capacidad de análisis y planificación de políticas públicas, así como el control ambiental.
-Consensuar con las autoridades de aplicación provinciales la realización de evaluaciones de impacto ambiental estratégico, en especial en los casos referidos a proyectos de explotación minera e hidrocarburífera, obteniendo de esta manera un análisis más exhaustivo de la situación ambiental en las zonas y los potenciales impactos agregados.
-Promover instancias de participación ciudadana multisectorial, multidisciplinarias y multinivel en los procesos de toma de decisión, adicionales y complementarios a aquellos que ya dictan las leyes vigentes como la Ley General del Ambiente y el Convenio 169 de la OIT. La complejidad y multidimensionalidad de los temas ambientales requieren miradas integrales, que no pueden reducirse a un sólo sector, al tiempo que se generan decisiones más legítimas y sostenibles y se previene la emergencia de conflictos socio ambientales.
-Sobre los principios de prevención, precautorio y responsabilidad de la política ambiental, impulsar un programa de acción permanente junto con provincias y municipios para asegurar la concreción de dichos principios.
-Fortalecer las capacidades de las Fiscalías especializadas en ambiente, con funcionarios y jueces del Poder Judicial capacitados y con recursos disponibles a los efectos de atender los casos judicializados.
-Intensificar los controles del uso de agroquímicos y sustancias tóxicas en general para toda actividad productiva en función de las mejores prácticas, estándares internacionales y legislación vigente en Argentina. Impulsar investigaciones sobre el impacto en la salud y el ambiente del uso de agroquímicos y sustancias tóxicas que permitan mejorar los procesos de toma de decisiones de política pública sobre la aplicación y regulación de estos productos.
-Promover una producción más limpia a través de la gestión ambiental de las empresas con el fin reducir la generación de residuos y contaminación a partir de una utilización más eficiente de las materias primas, el agua y la energía. Asimismo, resulta fundamental desarrollar acciones que atiendan la demanda de un consumo responsable.
-Implementar herramientas de transparencia y acceso a la información ambiental, para mejorar la capacidad de análisis y planificación de políticas públicas, así como el control ambiental.
