En esta última década, se destruyó el sistema de declaraciones juradas patrimoniales. La corrupción mata y los funcionarios se enriquecen. Además de revisar la corrupción pasada, debemos prevenir la futura.
1. Los funcionarios públicos cederán obligatoriamente, mientras durante sus mandatos o cargos, la administración del patrimonio que será regulado por un fideicomiso ciego.
2. Oficina Anticorrupción independiente: a) reubicación fuera de la órbita del Ministerio de Justicia con rango de Secretaría de Estado; b) selección objetiva por concurso y con participación ciudadana del Director de la Oficina Anticorrupción, que tendrá mandato fijo y diferente al de las autoridades políticas; c) se aplicarán los mismos criterios de selección para el Director de Investigaciones y el Director de Promoción de Políticas de Transparencia.
4. Elaboración de un Registro Nacional de Sociedades y Fideicomisos y de un Registro de la Propiedad Inmueble Nacional para contar con una base única de información que evite maniobras para encubrir hechos de corrupción.
5. Nueva legislación en anticorrupción empresarial para sancionar los hechos de corrupción en sede administrativa sin tener que esperar los tiempos de la justicia penal.
6. Ley de lobby para regular la gestión de intereses, transparentar y dar iguales oportunidades a todos los sectores en el proceso de toma de decisiones en el estado.
7. Derogación de las últimas leyes de la llamada “democratización de la justicia” que han quitado transparencia a las declaraciones juradas de jueces y funcionarios.
