Los funcionarios nunca se hacen cargo: culpan a la lluvia o al cambio climático. El origen de los dramas que vivimos con las inundaciones son naturales, pero sus causas están en la perversa relación entre política y dinero, la matriz de negociados entre dirigentes políticos, funcionarios y empresarios amigos. Con excepción de los terremotos en la zona de Cuyo y las lluvias de cenizas, nuestro país no tiene catástrofes naturales: las amenazas son consecuencia de la actividad humana. En las ciudades, al reemplazar el suelo natural por asfalto y cemento, la infiltración es casi nula. El desarrollo inmobiliario descontrolado, negocio que cuenta con la complicidad de sectores políticos, tiene un impacto directo sobre el escurrimiento del agua de lluvia.
Nuestro país carece de un sistema de gestión integral de riesgo de desastres. El marco normativo está fragmentado, conformado por algunas leyes y decretos sólo vinculados a la respuesta al desastre y no a su prevención.
A. Nuestra estrategia federal para la creación de un sistema de gestión integral de riesgos de desastres con una ley específica que articule los diferentes organismos nacionales y las provincias. Necesitamos pasar de la administración de desastres a la gestión integral de riesgos, para reducir las vulnerabilidades y hacer frente a las diversas amenazas a las que están expuestas las comunidades. Esto implica pensar simultáneamente un modelo de desarrollo sostenible.
B. El actual Sistema Federal de Emergencia (SIFEM) no constituye un mecanismo institucional activo y sufrió un complejo proceso de reasignaciones. Necesitamos una estrategia no solo para actuar en la emergencia con posterioridad al desastre sino además para una acción preventiva y prospectiva. La política nacional de gestión integral de riesgos debe ser un eje transversal a todas las instancias del Poder Ejecutivo Nacional.
C. La gestión integral de riesgos debe realizarse con un fuerte carácter participativo a nivel federal e intersectorial, junto a provincias y municipios.
D. Es imprescindible integrar a la comunidad científica y académica para, entre otras cuestiones, elaboración de mapas de riesgo, desarrollo científico-tecnológico para el pronóstico de las amenazas y sistemas de alerta temprana, programas para informar a la población, un mecanismo articulado de respuesta a las emergencias y planificación territorial que incluya el riesgo de desastre.
E. Es necesario la coordinación con las Organizaciones No Gubernamentales, como la Red de Gestión de Riesgos de la República Argentina, donde confluyen organizaciones sociales, agencias estatales y organismos internacionales, y la Red Nacional de ONGs impulsado por Protección Civil.
F. Debemos entonces iniciar un trabajo colectivo entre los partidos y las organizaciones sociales para encontrar una estrategia integral.
Nuestro país carece de un sistema de gestión integral de riesgo de desastres. El marco normativo está fragmentado, conformado por algunas leyes y decretos sólo vinculados a la respuesta al desastre y no a su prevención.
A. Nuestra estrategia federal para la creación de un sistema de gestión integral de riesgos de desastres con una ley específica que articule los diferentes organismos nacionales y las provincias. Necesitamos pasar de la administración de desastres a la gestión integral de riesgos, para reducir las vulnerabilidades y hacer frente a las diversas amenazas a las que están expuestas las comunidades. Esto implica pensar simultáneamente un modelo de desarrollo sostenible.
B. El actual Sistema Federal de Emergencia (SIFEM) no constituye un mecanismo institucional activo y sufrió un complejo proceso de reasignaciones. Necesitamos una estrategia no solo para actuar en la emergencia con posterioridad al desastre sino además para una acción preventiva y prospectiva. La política nacional de gestión integral de riesgos debe ser un eje transversal a todas las instancias del Poder Ejecutivo Nacional.
C. La gestión integral de riesgos debe realizarse con un fuerte carácter participativo a nivel federal e intersectorial, junto a provincias y municipios.
D. Es imprescindible integrar a la comunidad científica y académica para, entre otras cuestiones, elaboración de mapas de riesgo, desarrollo científico-tecnológico para el pronóstico de las amenazas y sistemas de alerta temprana, programas para informar a la población, un mecanismo articulado de respuesta a las emergencias y planificación territorial que incluya el riesgo de desastre.
E. Es necesario la coordinación con las Organizaciones No Gubernamentales, como la Red de Gestión de Riesgos de la República Argentina, donde confluyen organizaciones sociales, agencias estatales y organismos internacionales, y la Red Nacional de ONGs impulsado por Protección Civil.
F. Debemos entonces iniciar un trabajo colectivo entre los partidos y las organizaciones sociales para encontrar una estrategia integral.
